Un caso interno en Nucleoeléctrica Argentina (NASA) derivó en la revisión del procedimiento. La denuncia fue presentada por el gerente de la Central Nuclear Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, y cuestiona el proceso licitatorio para contratar un servicio de limpieza, al advertir sobre ofertas que superaban hasta en un 140% los valores actualmente abonados por la empresa estatal. Según consta en la denuncia, de las nueve empresas que se presentaron, solo dos cumplieron inicialmente con los requisitos: La Mantovana Servicios Generales y LX Argentina. La firma, además, ya presta otros servicios dentro del complejo de Atucha, lo que habría facilitado —según fuentes internas— contactos directos con personal y maniobras de presión. El escrito describe comunicaciones y gestiones que, a criterio del denunciante, buscaron forzar la elaboración de informes económicos favorables. La empresa sostuvo que sus precios se encuentran dentro de valores de mercado y acusó al denunciante de basar su presentación en un recorte parcial de la información. También alertó que los cambios en los requisitos podrían estar generando barreras de ingreso y direccionamientos. La denuncia sumó tensión al mencionar una protesta del sindicato de maestranza (SOMRA) el mismo día de la presentación, una coincidencia que el denunciante consideró llamativa. NASA confirmó que el proceso licitatorio fue puesto en revisión y que el Comité de Integridad solicitó informes adicionales. Sin embargo, se incorporó de hecho una tercera firma, Limpiolux, pese a no haber superado el análisis técnico, lo que encendió las alarmas. El eje del cuestionamiento se centra en la etapa de evaluación económica. Esta última, pese a ser la “más barata”, resultaba un 140% más costosa que el servicio vigente. La denuncia sostiene que se intentó direccionar el proceso para favorecer a LX Argentina, una empresa con antecedentes polémicos y vinculaciones previas con un escándalo político. Si bien la gestión destaca récords de generación y resultados económicos positivos, la denuncia expuso que, detrás de los números, persisten disputas y una lucha por el control de un activo estratégico del Estado.
